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lunes, 16 de agosto de 2010

Extorsión hasta en las iglesias


México siempre ha sido un país con altos niveles de criminalidad. De hecho, en otros tiempos algunos delitos fueron más frecuentes que ahora. Lo que agrava la situación actual no es tanto el número de crímenes, sino el hecho de que en regiones enteras del país los delincuentes han suplido al Estado, a las autoridades. La ley la imponen los mafiosos y, por tanto, cualquier amenaza o extorsión, venga de quien venga, es de sobra creíble para los habitantes de esas zonas.

Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de esos lugares donde la gente ya no sabe ni a quién creer o en quién confiar. Más de cien ministros religiosos han huido de esa localidad fronteriza durante 2010 luego de negarse a pagar la extorsión que diversos individuos les han exigido. Cinco mil pesos, 10 mil pesos, 50 mil pesos al mes, según el número de fieles de una iglesia, es lo que demandan los criminales. Michoacán, Morelos, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Estado de México son las entidades donde los religiosos denuncian el acoso.

Los ministros de culto se unen así a una larga lista de personas que en esos y otros estados deben pagar a condición de no ser asesinados. Los grandes operativos de las fuerzas armadas en zonas como Ciudad Juárez no han conseguido proteger a las personas.

La solución no es dejar en paz a los narcotraficantes. Mandar a los soldados de regreso a los cuarteles tal vez reduzca las balaceras, pero no hará desaparecer la extorsión o el secuestro porque los grupos armados harán lo que sea negocio, con o sin cruzada en su contra.

Los delincuentes someten a la población porque pueden y porque les resulta redituable. Para evitar ambas cosas —la impunidad y la ganancia del crimen— las autoridades deben perseguir con más eficacia y los ciudadanos dejar de pagar. Conseguir esa meta será imposible mientras las víctimas prefieran dar dinero antes que arriesgarse a presentar una denuncia.

¿Cómo hacer que las personas confíen de nuevo en sus policías? Sucederá cuando los agentes sean parte de la comunidad, en el momento en que estén profesionalizados, cuando estén constantemente supervisados y su trabajo sea bien remunerado. Esa labor depende, en primera instancia, de los jefes del 90% de los policías del país: gobernadores y alcaldes, los mismos que en cada reunión sobre seguridad —como la organizada por el presidente Calderón la semana pasada— estiran la mano en espera de más recursos.

¿Por qué no empezar por ahí? Con el compromiso de cada alcalde, gobernador, y bajo la coordinación presidencial, de que en cierta fecha las más de 2 mil corporaciones policiacas estarán regidas bajo los mismos estándares de calidad. Tanto diálogo debería servir cuando menos para eso.
EL UNIVERSAL